Familiares de desaparecidos denuncian que autoridades federales y estatales incumplen acuerdos sobre investigación y búsqueda

En el Estado de México, donde desaparecen personas casi cada día, existe un patrón que se repite con precisión de reloj: las autoridades firman compromisos, los familiares de los desaparecidos respiran esperanza, y después viene el silencio.

Según Desinformémonos, las buscadoras del Estado de México volvieron a denunciar lo que ya es rutina en la 4T: el incumplimiento de acuerdos asumidos públicamente por autoridades federales y estatales. No se trata de vagas promesas de campaña. Estos son compromisos específicos sobre investigación y búsqueda de personas desaparecidas — es decir, sobre lo más básico que puede hacer un Estado: proteger la vida de sus ciudadanos y buscar a quienes ya no están.

La denuncia llegó directamente a la Secretaría de Gobernación, lo que sugiere que las buscadoras ya no confían en los canales estatales. Eso es sintomático. Cuando las familias de desaparecidos tienen que saltar por encima de un gobierno estatal para que el federal las escuche, significa que algo está profundamente roto en la cadena de autoridad.

Quién desaparece, quién busca, quién promete

El Estado de México es, por números, el corazón de una crisis de desapariciones en México que el país prefiere no mirar de frente. No hay cifra oficial consensuada, pero las organizaciones de derechos humanos hablan de decenas de miles de personas desaparecidas en las últimas dos décadas. En el Edomex, esa cifra es particularmente brutal porque el estado rodea la Ciudad de México, es población trabajadora, es gente que se va a trabajar y no regresa.

Las buscadoras que denuncian ahora son mujeres que se organizaron porque el Estado no buscaba. Enterraban a sus desaparecidos en fosas clandestinas ellas mismas. Con palas, sin equipamiento forense, en terrenos baldíos. Lo hicieron porque nadie más lo hacía. Fueron ellas quienes presionaron, durante años, para que se firmaran acuerdos. Acuerdos que supuestamente incluían mecanismos de búsqueda, investigación real, respuestas.

Ahora dicen que esos acuerdos están muertos en el papel.

El incumplimiento como política

Hay algo particularmente cínico en incumplir acuerdos sobre desapariciones forzadas. No es como incumplir una promesa de infraestructura, donde la gente se enoja pero al menos sigue viva. Es incumplir el compromiso más fundamental que puede hacer un Estado con sus ciudadanos: que si desapareces, alguien te buscará.

La dinámica es conocida. Un grupo de buscadoras logra visibility mediática. Se reúnen con funcionarios. Hay fotos, comunicados, acuerdos formales. La prensa publica que "las autoridades se comprometen a..." y el público respira aliviado, creyendo que el problema está en camino a resolverse. Luego viene el incumplimiento silencioso. No hay anuncio de que no se cumplió. Solo pasa el tiempo y nada cambia.

Para las familias, eso es un golpe doble. Primero perdieron a su persona desaparecida. Ahora pierden la esperanza de que será encontrada. Y pierden, además, la credibilidad en las instituciones. Si las autoridades fuerzan a las propias buscadoras a ir a Gobernación a exigir respuestas sobre compromisos que ya firmaron, significa que los canales institucionalizados de reclamo no funcionan.

Qué significa esto a mediano plazo

Estos incumplimientos tienen consecuencias que trascienden lo legal. Empujan a las familias hacia la ilegalidad de la justicia por mano propia. Erosionan la capacidad del Estado de mediar conflictos. Y, de manera más profunda, crean la certeza de que en este país la vida de ciertas personas — gente trabajadora, poblaciones vulnerables — simplemente no importa.

Es difícil culpar a las buscadoras por perder la fe en las instituciones cuando esas instituciones las traicionan repetidamente. Cuando los acuerdos son letra muerta.

La pregunta que el Estado mexicano tendría que responder es simple: ¿para quién existen estos acuerdos? ¿Para las buscadoras que presionan, o solo como un mecanismo de apaciguamiento que desaparece una vez que la presión mediática se disipa?

Si es lo segundo, las autoridades están jugando con fuego. Porque las buscadoras no se irán. Y cada incumplimiento que sufran es un acuerdo menos que necesitan. Es un paso más hacia la conclusión de que este Estado ya no puede ser interpelado, solo desafiado.

Por Alejandra Flores