Semanas de protestas antigubernamentales dejan sin bienes básicos a la población mientras el gobierno intenta recuperar el control
En las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Bolivia vuelve a vivir los días que creía superados. El presidente declaró estado de emergencia esta semana tras semanas de protestas antigubernamentales que han paralizado sectores clave de la economía y dejado a miles de familias sin acceso a bienes básicos. Es el síntoma más visible de una crisis política que ha estado gestándose durante meses y que ahora explota en las calles.
Según BBC Latin America, la declaración de estado de emergencia refleja la gravedad de la situación: no es solo un acto político de respuesta, sino un reconocimiento de que el gobierno ha perdido capacidad para controlar la situación mediante canales convencionales.
Los estantes de los supermercados están vacíos. Las familias hacen colas desde antes del amanecer para conseguir pan, leche, aceite. En Cochabamba, una comerciante me contaba hace días que su pequeño negocio de abarrotes ya no vende casi nada porque sus proveedores no pueden llegar a la ciudad. Los bloqueos de carreteras, organizados por sectores que van desde transportistas hasta trabajadores mineros, han convertido la circulación de mercancías en un acto de resistencia política.
Esta no es una crisis que aparezca de la nada. Bolivia ha estado navegando aguas turbulentas desde el final del primer gobierno de Evo Morales. Las divisiones dentro del propio movimiento político que gobernó durante casi dos décadas nunca se cerraron completamente. El gobierno actual se encuentra atrapado entre facciones que competían por el poder dentro de la 4T boliviana, y esa fractura se ha abierto de nuevo.
Lo que hace particularmente delicado el momento es que estas protestas no vienen de un solo sector, ni tienen una demanda única. Los transportistas reclaman por combustible y seguridad. Los trabajadores mineros demandan mejores condiciones laborales. Hay sectores que simplemente están descontentos con la dirección del país. Esta fragmentación de la protesta hace más difícil para cualquier gobierno encontrar un punto de negociación único.
En Tapachula, donde crecí, recuerdo cómo las crisis de otros países llegaban como olas. Un cierre de frontera en Guatemala significaba que los comerciantes locales no podían viajar. Un bloqueo en Honduras detenía los autobuses que pasaban hacia el norte. Bolivia en crisis siempre ha tenido impacto regional, pero ahora estamos viendo cómo la inestabilidad política boliviana ripple a través de toda la región andina.
Lo preocupante es que el estado de emergencia, histórico en Bolivia, es una herramienta que puede contener la crisis a corto plazo pero que rara vez resuelve sus causas de fondo. Es un parche. Los soldados en las calles pueden despejar carreteras, pero no pueden disolver el descontento de comunidades que se sienten abandonadas por un gobierno que prometió transformación y que, según muchos en el terreno, no ha entregado lo que esperaban.
La pregunta que flota sobre Bolivia ahora es si este estado de emergencia es el principio del fin de una crisis, o solo el acto más visible de una fractura mucho más profunda. ¿Es una medida temporal para recuperar el orden, o es el reflejo de que el proyecto político gobernante ha perdido legitimidad entre sectores clave de su base electoral?
Los analistas en las capitales pueden debatir eso en seminarios académicos. Pero en la realidad de las familias bolivianas, la pregunta es más simple: ¿cuándo puedo volver a comprar lo que necesito para alimentar a mis hijos? ¿Cuándo se normalizan los transportes? ¿Cuándo el gobierno y los manifestantes encuentran un camino hacia adelante que no sea por la calle cerrada con barricadas?
Bolivia necesita más que soldados en las carreteras. Necesita un gobierno que reconozca que la crisis es política, que vuelva a los espacios de negociación, que escuche a las comunidades que están en la calle. El estado de emergencia compra tiempo, pero es el diálogo lo que puede crear soluciones.
Por Martin Salazar