Un hijo y yerno de Rubén Rocha Moya realizaron 17 importaciones en un solo día con empresa texana especializada

En México, cuando un gobernador en funciones ve crecer los negocios de sus familiares cercanos en sectores especializados y de difícil acceso, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué ventajas tiene esa familia que otras no tienen?

Eso es exactamente lo que plantea el caso de la familia Rocha Moya en Sinaloa. Según Contra la Corrupción, un hijo y el yerno del gobernador Rubén Rocha Moya participan en una empresa que realizó 17 operaciones de importación de combustibles para autos de carreras en un único día, todas con VP Racing Fuels, una firma texana especializada en gasolinas de alto octanaje.

Lo que hace notable este movimiento no es simplemente que exista una empresa familiar en el sector de combustibles especializados —eso podría ser legítimo—. Lo notable es la velocidad, la escala y el patrón: 17 operaciones de importación en 24 horas con un solo proveedor extranjero. Eso sugiere una operación coordinada, no un negocio que está encontrando su ritmo natural en el mercado.

El acceso como ventaja económica

El mercado de combustibles para autos de carreras es un nicho muy específico en México. No cualquiera importa gasolinas de alto octanaje de proveedores estadounidenses. Requiere trámites aduanales, permisos de importación, relaciones con proveedores internacionales y, crucialmente, acceso a flujos de capital para hacer operaciones de esta magnitud en corto plazo.

Cuando la familia de quien ocupa la gubernatura de un estado incursiona en este tipo de negocio, el contexto importa. El gobernador tiene poder sobre regulaciones locales, tiene influencia sobre autoridades federales, tiene capacidad para agilizar trámites que otros tienen que esperar meses para completar. Sus hijos y yernos, simplemente por el apellido y la proximidad al poder, tienen acceso a información privilegiada, a contactos que facilitan transacciones, a una red de relaciones que reduce costos transaccionales.

Eso no es mercado libre. Eso es captura de oportunidades por proximidad al poder.

El patrón de los negocios de familiares de funcionarios

Esta no es la primera vez que vemos este patrón. En México existe una larga historia de funcionarios públicos cuyos parientes cercanos "incursionan" súbitamente en negocios especializados, a menudo en sectores donde el Estado tiene influencia regulatoria o donde los permisos son escasos y valiosos.

Es diferente a un empresario que construyó su fortuna en manufactura o comercio. Es diferente a alguien que ganó un mercado porque ofrece mejor producto o mejor precio. Es un negocio que despega porque existe una conexión con quien toma decisiones.

La corrupción en México frecuentemente no se ve como sobornos directos en efectivo. Se ve así: un familiar del gobernador que, de pronto, tiene acceso a mercados lucrativos, que realiza operaciones masivas en corto plazo, que opera sin los obstáculos que enfrentan sus competidores.

Las preguntas que quedan sin responder

¿De dónde salió el capital inicial para hacer 17 importaciones en un día? ¿Existe financiamiento de por medio? ¿Quiénes son los clientes de este negocio? ¿Hay contratos públicos estatales involucrados, directa o indirectamente?

Estas son preguntas que las autoridades anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEC) o los legisladores de oposición en Sinaloa deberían estar formulando y persiguiendo.

Porque si hay algo que distingue a un gobierno que dice estar comprometido con la austeridad republicana y con combatir la corrupción, es que no tolera que sus propios familiares usen el poder público como palanca para negocios privados.

La 4T llegó al poder en 2018 prometiendo acabar con esto. Prometiendo que gobernaría de manera diferente. Que no habría impunidad para los funcionarios corruptos ni para sus redes familiares.

Casos como este ponen esa promesa a prueba. No basta con investigar a la oposición o a gobiernos anteriores. Basta con mirar lo que está pasando en los gobiernos que están en funciones.

En Sinaloa, bajo la administración de Rubén Rocha Moya, la familia del gobernador está haciendo dinero con combustibles para carreras mediante operaciones masivas y coordinadas. Las autoridades anticorrupción tienen que determinar si ese dinero es limpio o si representa un caso más de cómo el poder público se convierte en ventaja privada.

Porque cuando la corrupción se vuelve familiar, cuando el poder se hereda junto con los negocios, es porque nadie está mirando. O porque quienes miran deciden mirar hacia otro lado.

Por Luis Ramos