El Congreso local aprobó la reforma constitucional que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Ahora falta que se concrete en la ley.

En una votación que sorprendió por su unanimidad, el Congreso de Yucatán aprobó la reforma al Artículo primero de la Constitución local que abre el camino para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. No hubo votos en contra. No hubo abstenciones. Todos los diputados, independientemente de su bancada, levantaron la mano.

Para una mujer en Yucatán, esto significa algo concreto: si decide interrumpir su embarazo en el primer trimestre, ya no será tratada como delincuente. No enfrentará cargos penales. No vivirá con el miedo que hoy sienten miles de mujeres en estados donde el aborto sigue criminalizado en casi todas las circunstancias.

Pero la aprobación de la reforma constitucional es solo el primer paso. Como señala CIMAC, la reforma al Artículo primero de la Constitución local permite el proceso legislativo para despenalizar el aborto, pero aún queda el trabajo de concretar esto en la ley penal. Es decir: el congreso dice que sí. Ahora tiene que escribir las palabras exactas que lo hagan posible.

Esta es la realidad del cambio legal en México. Las constituciones reconocen derechos. Las leyes específicas los hacen efectivos. Y entre ambas, muchas veces, quedan meses de negociación política.

Lo que pasó en Yucatán contrasta fuerte con el panorama nacional. Mientras estados como Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí mantienen penalizaciones casi totales del aborto, Yucatán se suma a la lista —aunque aún incompleta— de entidades que reconocen el derecho de las mujeres a decidir. Antes estaban Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y algunos otros. Pero la mayoría de México sigue castigando a las mujeres por abortar.

La unanimidad del voto yucateco es significativa porque sugiere que, al menos en esa entidad, existe un consenso político sobre un hecho fundamental: las mujeres no son criminales por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Esto no es un acuerdo de izquierda ni de derecha. Es un acuerdo sobre qué es justo.

Pero hay que ser claro sobre lo que esto no es: no es el fin de la batalla. La despenalización hasta las 12 semanas es un avance real, pero deja fuera a las mujeres que necesitan abortar después de ese plazo por razones de salud, por violación, por falla de anticonceptivos, por cualquier razón que sea suya y solo suya.

Para una mujer en una colonia de Mérida, en una rancho de Yucatán, en cualquier lugar de la entidad donde vive bajo restricciones económicas y de acceso a información, doce semanas es poco tiempo. Especialmente si no tiene dinero para hacerse una ecografía a tiempo. Si no sabe que está embarazada hasta la semana seis. Si necesita ahorrar para pagar el procedimiento.

Lo que aprobó Yucatán es un piso. No es un techo. Es el reconocimiento de que las mujeres existen, que tienen cuerpos, que tienen derecho a decidir qué pasa con esos cuerpos. Eso es lo mínimo que cualquier democracia debería garantizar.

Lo que falta ahora es la ley. Los detalles. Las garantías de acceso real. Un sistema de salud que no discrimine. Información clara sobre dónde y cómo acceder al procedimiento sin ser juzgada. Porque el derecho en el papel es apenas el comienzo.

En México, cuando una reforma constitucional sale adelante con unanimidad, casi nunca es porque haya dejado de haber resistencia. Es porque la realidad fue más fuerte que la ideología. Porque ya no se puede negar que hay mujeres reales, con nombres y edades y circunstancias, que necesitan abortar y lo van a hacer con o sin permiso.

Yucatán acaba de decirle a esas mujeres: ustedes no son criminales. Ahora tiene que escribir una ley que lo demuestre.

Por Diana Torres