La presidenta rechaza versiones sobre entrega directa a CNTE y afirma que recursos fueron para infraestructura escolar

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de reportes que circulaban sobre una entrega directa de 800 millones de pesos a la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, aclarando que los recursos fueron destinados a escuelas y proyectos de infraestructura educativa en la entidad.

Según La Jornada, la mandataria desestimó estas versiones durante una conferencia matutina, reafirmando que la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó los fondos conforme a los protocolos establecidos para el mejoramiento de la educación pública oaxaqueña.

Esta aclaración surge en un contexto complejo: los 800 millones de pesos representan una inversión significativa en un estado donde la infraestructura educativa históricamnte ha enfrentado desfinanciamiento crónico. Oaxaca, con una de las tasas más altas de deserción escolar en el país y con miles de aulas en condiciones precarias, concentra buena parte de la brecha educativa de México.

Lo que importa entender aquí no es la disputa política sobre a quién llegó el dinero, sino cómo llega: cuándo, a través de qué mecanismos, y si realmente alcanza a las escuelas que lo necesitan. En estados como Oaxaca, donde la CNTE ha sido históricamente un actor clave en la defensa de la educación pública y donde los maestros muchas veces han financiado de su bolsillo materiales escolares, la transparencia en estos recursos no es un tema menor.

La sección 22 de la CNTE ha jugado un papel ambiguo: ha liderado luchas legítimas por mejores salarios docentes y por la defensa de la educación pública, pero también ha estado bajo escrutinio por prácticas opacas de administración de recursos. En este escenario, cuando una cifra como 800 millones de pesos se menciona sin claridad inicial sobre su destino, es comprensible que surjan preguntas.

Lo que falta en estas aclaraciones presidenciales es precisión operativa: ¿cuáles escuelas específicas recibieron fondos? ¿En qué se invirtieron exactamente? ¿Hay un mecanismo de seguimiento público que permita a las comunidades escolares verificar que el dinero llegó? La transparencia no es un acto de fe en las instituciones, sino un mecanismo de control ciudadano.

Oaxaca concentra desafíos educativos agudos. Según datos del INEGI, la entidad tiene una de las tasas más altas de analfabetismo en México, y en municipios rurales e indígenas, acceso a educación de calidad sigue siendo un lujo. Cuando hablamos de 800 millones de pesos para infraestructura, estamos hablando de aulas, sanitarios que funcionen, acceso a electricidad y conectividad — elementos básicos que en muchas comunidades oaxaqueñas siguen siendo aspiracionales.

La pregunta de fondo es: ¿cómo asegurar que dinero destinado a educación en estados con debilidad institucional realmente llegue a las manos de quien lo necesita y no se pierda en intermediarios o mal uso administrativo?

Sheinbaum enfatizó que los recursos fueron "destinados a infraestructura escolar", lo que sugiere obras de mejoramiento físico. Esto es importante porque a diferencia de dinero en efectivo directo, la inversión en infraestructura genera un rastro más verificable: hay obras, hay contratistas, hay comprobantes. Pero aun así, la ciudadanía tiene derecho a ver esa información: cuáles fueron las obras, en qué escuelas, a qué costo.

Esta aclaración también ocurre en un momento en que la relación entre el gobierno de la 4T y los sindicatos de maestros se encuentra en reajuste. Si bien la administración actual ha implementado políticas favorables para maestros — como el aumento salarial y la eliminación de la reforma educativa anterior — la negociación sobre cómo se asignan y administran recursos sigue siendo un campo de tensión.

Para los padres de familia en Oaxaca, para los directores de escuelas que atienden a comunidades pobres, la claridad sobre estos fondos no es una cuestión de lealtades políticas sino de supervivencia educativa. Un aula sin techo que llueve no mejora porque el dinero llegó a las instancias "correctas" — mejora cuando se repara el techo.

La invitación está abierta a que la SEP publique el desglose completo de cómo se distribuyeron esos 800 millones, escuela por escuela, obra por obra. Eso no es un acto de desconfianza hacia la administración — es garantía de que el dinero público está siendo usado como debe ser.

Por Gabriela Cruz