El asesinato de Monika Martyna Koniuszek fuerza a Naciones Unidas a exigir garantías de seguridad que el gobierno de Noboa aún no cumple

Cuando un activista muere en manos de la violencia, el Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir. En Ecuador, esa responsabilidad quedó al descubierto esta semana con el asesinato de la defensora de derechos humanos Monika Martyna Koniuszek.

Según Nodal, la relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños, envió una petición directa al Estado ecuatoriano: reforzar las garantías de protección para activistas. No es una sugerencia. Es una advertencia de que algo se rompió.

La muerte de Koniuszek es más que una cifra en un reporte. Es la evidencia de un patrón. En América Latina, defender derechos humanos se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Según datos de Global Witness, la región concentra más del 60% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo. Ecuador, un país de apenas 18 millones de habitantes, no es excepción.

La pregunta que importa es esta: ¿por qué mueren los defensores? No siempre es al azar. Frecuentemente es porque denuncian lo que el Estado preferiría que permaneciera silenciado: corrupción, tráfico de recursos naturales, explotación laboral, violaciones a derechos humanos. Mueren porque incomodan. Y el Estado, en lugar de protegerlos, muchas veces los deja expuestos.

En el caso de Ecuador, la situación es particularmente grave. El país ha experimentado una escalada de violencia criminal en los últimos años, especialmente vinculada al narcotráfico y a conflictos penitenciarios. Pero hay algo más: mientras las cárceles se desbordan y las bandas se multiplican, los defensores de derechos humanos — quienes documentan precisamente estos abusos — quedan sin protección estatal adecuada.

La intervención de Bolaños no es casual. La ONU raramente entra en estos detalles si no hay un patrón sistemático. Lo que está diciendo es que Ecuador no está garantizando seguridad a quienes defienden derechos. Y mientras el gobierno de Daniel Noboa lucha contra la criminalidad con medidas de mano dura — estados de excepción, militarización — los activistas que denuncian abusos en ese mismo proceso quedan en la mira.

Esto es un dilema político real en la región. Los gobiernos latinoamericanos frecuentemente enfrentan una disyuntiva falsa: o "seguridad" (represión, militarización) o "derechos" (protección de activistas, libertad de expresión). La realidad es que ambos son necesarios. Un Estado que mata defensores mientras combate el crimen no está ganando seguridad. Está construyendo una sociedad donde nadie puede hablar.

Qué significa reforzar garantías de protección, como pide la ONU, en la práctica. Significa protección física real — no promesas. Significa investigaciones serias sobre quién mata activistas y quién ordena esos asesinatos. Significa que los fiscales no busquen criminales entre los defensores, sino entre quienes los asesinan.

Pero también significa algo más profundo: preguntarse por qué hay tantos defensores amenazados en primer lugar. En un país donde puedes denunciar corrupción sin temor a tu vida, no necesitas tanta "protección especial". Que haya defensores bajo amenaza constante es síntoma de que el sistema de justicia no funciona.

Ecuador tiene un problema de impunidad estructural. Los asesinatos no se esclarecen. Los autores intelectuales no se identifican. Los funcionarios que ordenen represalias contra activistas no son procesados. Mientras eso no cambie, no importa cuántas garantías escriba en papel el gobierno. Los defensores seguirán muriendo.

La muerte de Monika Martyna Koniuszek es una oportunidad para que Ecuador haga una pregunta incómoda: ¿a quién le molestaba tanto su trabajo como para matarla? Y ¿por qué el Estado no está persiguiendo esa respuesta con la urgencia que merece?

La ONU está pidiendo protección. Pero lo que Ecuador realmente necesita es un Estado que investigue con seriedad, que castigue a quien mata defensores, y que cree las condiciones para que la gente pueda denunciar abusos sin temer por su vida. Eso no es un lujo. Es la base de cualquier democracia que funcione.

Por Alejandra Flores