Años de promesas, carpetas sin resolver y mujeres que financian con su dolor lo que el gobierno debería garantizar

Norma llegó a la tercera reunión con funcionarios del gobierno del Estado de México cargando una carpeta de plástico verde. Adentro: fotografías, actas del ministerio público, registros de ADN, solicitudes de información que nunca fueron respondidas en tiempo y forma. Su hijo desapareció en 2019. La carpeta pesa más cada año porque ella sigue recopilando lo que la fiscalía no ha podido —o no ha querido— sistematizar. Norma no es la excepción. Es el método.

Las colectivas de búsqueda en el Estado de México llevan más de una década haciendo el trabajo que corresponde al Estado: rastrear terrenos, identificar fosas, cruzar datos, presionar a peritos. Y desde hace años, también hacen algo más agotador: asistir a mesas de coordinación donde escuchan compromisos que rara vez se convierten en acciones verificables.

El mecanismo: una promesa institucional sin arquitectura real

En México, el sistema de búsqueda de personas desaparecidas descansa sobre tres pilares legales: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, la Comisión Nacional de Búsqueda y sus equivalentes estatales, y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En papel, es un andamiaje robusto. En la práctica del Edomex, las colectivas documentan otra realidad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México concentra una de las cifras más altas de personas desaparecidas del país. Al cierre de 2024, la entidad acumulaba más de 16,000 carpetas de investigación por desaparición. La Comisión de Búsqueda estatal, creada formalmente en 2019, opera con recursos y capacidad forense que las propias familias califican de insuficientes: equipos de campo limitados, laboratorios con rezago en el procesamiento de muestras de ADN y una rotación de personal que rompe la continuidad de los casos.

Lo que las colectivas denuncian no es ausencia total de voluntad institucional —hay funcionarios que trabajan con convicción dentro de un sistema mal diseñado— sino una brecha estructural entre el compromiso anunciado y la capacidad instalada para cumplirlo. Cada reunión produce minutas. Las minutas producen acuerdos. Los acuerdos rara vez producen resultados medibles en el siguiente trimestre.

La cadena de responsabilidad

El gobierno del Estado de México —hoy encabezado por Delfina Gómez, primera mandataria de Morena en la entidad— heredó un sistema forense deteriorado y una crisis de desapariciones que se agravó durante las administraciones del Partido Revolucionario Institucional. Eso es un hecho. Pero la herencia no es una coartada indefinida.

Dos años después del cambio de gobierno, las colectivas siguen señalando los mismos cuellos de botella: la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha resuelto el rezago en la base de datos genética; los protocolos de búsqueda en vida —distintos a los de búsqueda en contexto de fallecimiento— se aplican de manera inconsistente según la zona y el agente ministerial de turno; y los recursos federales transferidos para fortalecer las comisiones estatales de búsqueda no siempre llegan con la transparencia que permitiría a la sociedad civil verificar su uso.

La Comisión Nacional de Búsqueda, a nivel federal, tiene competencia para intervenir y coordinar. Ha emitido protocolos, ha celebrado mesas nacionales. Pero las familias del Edomex describen una coordinación entre niveles de gobierno que se parece más a una carrera de relevos donde nadie sabe bien quién tiene el testigo.

Mientras tanto, las colectivas autofinancian sus salidas al campo. Pagan gasolina, compran herramientas básicas, absorben el costo emocional y económico de una búsqueda que el Estado no puede —o no quiere— asumir por completo. Algunas mujeres han dejado empleos formales porque la búsqueda de su familiar se convirtió en un trabajo de tiempo completo sin salario.

La pregunta que no aparece en las coberturas

¿Cuánto le cuesta al Estado que las familias busquen solas?

No es una pregunta retórica. Es una pregunta de política pública que nadie parece estar respondiendo con datos. Si el Estado tuviera que contratar el número de horas que las colectivas dedican a rastrear terrenos, cruzar información y presionar expedientes, ¿cuánto valdría ese trabajo? ¿Cuántas plazas de peritos, cuántos vehículos de campo, cuántas horas de laboratorio forense equivale la labor no remunerada de estas mujeres?

La pregunta importa porque, mientras no se cuantifica, tampoco se reconoce como un subsidio involuntario al sistema. Las buscadoras no están complementando al Estado: lo están reemplazando en una función que la ley le asigna exclusivamente a él. Y lo están haciendo sin ninguna de las garantías que el Estado sí tiene: sin protección institucional, sin acceso pleno a bases de datos, sin respaldo legal automático cuando un propietario les niega el acceso a su terreno.

Algunas han recibido amenazas. Algunas han sido intimidadas en zonas donde la presencia del crimen organizado es documentada. El Estado les pide que sigan buscando, pero no siempre garantiza que puedan hacerlo con seguridad.

El cierre que no absuelve

La carpeta verde de Norma tiene ahora cuatro años de acumulación. Adentro, entre las fotografías y los oficios sin respuesta, hay una hoja donde ella misma lleva la cuenta de las reuniones institucionales a las que ha asistido: diecisiete. En diecisiete reuniones, tomó nota. Escuchó compromisos. Agradeció la atención. Volvió a su casa sin su hijo.

El Estado de México no es un caso aislado. Es el espejo de lo que ocurre cuando un país decide que el dolor de las familias puede funcionar como sustituto de la política pública. Cuando las madres buscan porque el Estado no busca, el Estado no está siendo apoyado: está siendo cubierto.

Y eso, que se firma en minutas y se anuncia en conferencias de prensa, tiene un nombre más preciso que 'área de oportunidad'. Se llama abandono con procedimiento.

Norma sigue buscando. El Estado sigue tomando nota.

Por Carmen Delgado