Víctimas de violencia en Chiapas y Guatemala claman por voluntad política que no llega desde el Estado mexicano

En Ciudad de México, sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia contra comunidades indígenas de Chiapas y Guatemala levantaron su voz para denunciar lo que viven cada día: la ausencia sistemática de voluntad política del Estado mexicano para hacer justicia en crímenes que las afectan.

Esta no es una queja abstracta. Es la acusación directa de quienes perdieron a sus seres queridos, quienes vieron cómo sus pueblos fueron atacados, quienes esperaron durante años por sentencias que nunca llegaron. Según Desinformémonos, la denuncia pone el dedo en una llaga que el discurso oficial de la 4T ha dejado abierta: la brecha entre el compromiso retórico con los pueblos originarios y la realidad de las investigaciones criminales.

La geografía de esta demanda es significativa. Chiapas no es un estado cualquiera en la historia de la violencia contra indígenas en México. Es el territorio donde convergen conflictos agrarios de décadas, donde la defensa del territorio se paga con sangre, donde comunidades enteras han sido criminalizadas por defender sus derechos. Y Guatemala comparte esa historia: represión, impunidad, masacres nunca juzgadas.

Que las víctimas tengan que trasladarse a la capital para ser escuchadas dice algo sobre dónde se concentra el poder de decisión en este país. No basta con que existan instituciones de justicia penal indígena o que el gobierno inaugure programas de reparación simbólica. Las víctimas demandan algo más básico y más radical: que se investigue a fondo, que se acuse a responsables, que los culpables enfrenten un proceso legal real.

Esta denuncia llega en un momento particular. La 4T prometió transformación, justicia para los de abajo, fin de la impunidad. Pero el problema de la justicia en crímenes contra indígenas no es simplemente de recursos o capacidad institucional. Es de prioridades políticas.

La violencia contra pueblos originarios en México tiene características muy específicas: muchas veces es cometida por actores que no son criminales tradicionales, sino agentes del Estado, paramilitares tolerados, ganaderos o empresarios con poder local. Investigar esos casos requiere confrontar poderes establecidos. Requiere estar dispuesto a investigar a policías, militares o funcionarios locales. Requiere cerrar las puertas a la presión de grupos económicos con intereses en los territorios indígenas.

La falta de voluntad política significa, en términos concretos: expedientes que se cierran sin investigación, órdenes de aprehensión que nunca se ejecutan, testimonios que no se registran adecuadamente, peritos que no llegan al terreno.

Históricamente, los casos de violencia contra indígenas en Chiapas han quedado atrapados en esa zona gris entre lo judicial y lo político. El levantamiento zapatista de 1994 puso en el mapa internacional la represión contra comunidades, pero también generó un conflicto de tal magnitud que muchos crímenes derivados de él jamás fueron investigados formalmente. Las masacres de los noventa —Acteal es solo la más conocida— permanecen con responsables que caminan libres o muertos sin haber enfrentado justicia.

Lo que denuncian ahora los sobrevivientes es que esta pauta continúa. Que aunque haya cambio de gobierno, aunque haya retórica de transformación, el andamiaje de impunidad persiste.

Eso no quiere decir que nada haya cambiado en la 4T. Hay fiscalías especializadas, hay nombramientos de magistrados con sensibilidad hacia derechos indígenas. Pero las estructuras de poder local en Chiapas —cacicazgos, oligarquías regionales, élites ganaderas— siguen siendo prácticamente intactas. Y la investigación de crímenes que las afectan sigue siendo, en la práctica, un acto de coraje político que la mayoría de los fiscales y jueces locales no están dispuestos a asumir.

La demanda de los sobrevivientes es clara: no basta con reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos especiales. Hay que actuar. Hay que investigar con seriedad. Hay que procesar y condenar.

Esta es la prueba real de fuego para cualquier gobierno que se declare comprometido con la justicia. No se mide por decretos o por discursos en actos cívicos. Se mide por si las víctimas, después de años de espera, finalmente ven a los culpables en un banquillo de los acusados.

Por ahora, según el testimonio de quienes viven la violencia, esa prueba sigue siendo reprobada.

Por Fernando Lopez