Funcionarios electorales de todo el país advierten que el Departamento de Seguridad Nacional podría convertirse en un instrumento de interferencia en los comicios de 2026. No es una hipótesis: es una arquitectura que ya está en construcción.

Donna Curling es coordinadora electoral del condado de DeKalb, en Georgia. No es una figura pública de alto perfil, no aparece en los noticieros nacionales, no tiene cuenta verificada en ninguna red social. Administra el proceso por el que decenas de miles de personas ejercen su derecho al voto. En marzo de 2025, junto con otros funcionarios electorales de varios estados, firmó una carta dirigida al Congreso con una advertencia que los medios principales resumieron en dos párrafos y luego archivaron: el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de la administración Trump, está posicionándose para intervenir en la infraestructura electoral de 2026 de maneras que ninguna ley federal autoriza explícitamente, y que ningún mecanismo de supervisión está actualmente equipado para frenar.

Esa carta no es retórica. Es documentación.

El mecanismo

Para entender lo que está ocurriendo hay que retroceder a 2017, cuando la administración Trump —en su primer mandato— designó la infraestructura electoral estadounidense como "infraestructura crítica nacional". En ese momento, la medida se presentó como una respuesta a la interferencia rusa documentada en las elecciones de 2016. El argumento era técnicamente razonable: si los servidores electorales son tan importantes como las redes eléctricas o los sistemas de agua potable, deben recibir protección federal.

Lo que nadie discutió con suficiente fuerza entonces fue la otra cara de esa designación: si la infraestructura electoral es federal en su protección, ¿quién controla los términos de esa protección? La respuesta es el Departamento de Seguridad Nacional, específicamente la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, conocida como CISA por sus siglas en inglés.

Durante años, CISA operó con relativa independencia técnica. Sus funcionarios trabajaban con los estados —que constitucionalmente administran sus propias elecciones— como socios, no como supervisores. Pero en 2025, según los reportes de ProPublica y del Centro Brennan para la Justicia, la administración Trump ha reconfigurado el liderazgo de CISA, removiendo a funcionarios de carrera y reemplazándolos con designados políticos cercanos a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha expandido sus atribuciones interpretadas —no legisladas— sobre qué constituye una "amenaza" a la infraestructura electoral.

La pregunta es qué se considera amenaza. Y ahí está el núcleo del problema.

La cadena de responsabilidad

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha declarado públicamente que la "integridad electoral" es una prioridad de seguridad nacional. El lenguaje suena neutro hasta que se examina en contexto: la misma administración que usa ese lenguaje ha promovido legislación en estados controlados por republicanos para restringir el acceso al voto, ha desafiado resoluciones judiciales sobre el estatus migratorio de comunidades enteras —como el caso de los haitianos que actualmente litigan ante la Suprema Corte después de que Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal sin la documentación reglamentaria— y ha instrumentalizado el aparato federal contra opositores políticos en múltiples frentes documentados.

No es especulación inferir que una agencia de seguridad bajo mando político puede convertirse en herramienta de supresión electoral. Es lo que la historia documenta. Lo que los funcionarios como Donna Curling señalan es que la arquitectura para hacerlo ya existe, y que el único obstáculo es la voluntad política de no usarla de ese modo — una voluntad que, en esta administración, no tiene credenciales para generar confianza.

El Centro Brennan para la Justicia ha identificado al menos tres vectores de intervención posible: acceso a bases de datos de registro de votantes bajo pretexto de auditoría de seguridad, descertificación de equipos de votación mediante normas técnicas nuevas aplicadas de forma selectiva, y la capacidad de declarar "vulnerabilidades" en condados específicos que justifiquen intervención federal directa durante el proceso de conteo. Ninguno de estos mecanismos requiere una ley nueva. Solo requiere que alguien decida usarlos.

La pregunta que nadie formula

¿Por qué esto no es la noticia principal de cada día?

Parte de la respuesta está en la estructura del ciclo noticioso: un plan de ataque desclasificado con drones y francotiradores contra la Casa Blanca compite con esto por la atención, y gana. La amenaza concreta y cinematográfica siempre desplaza a la amenaza sistémica y burocrática. Pero la burocrática es la que cambia regímenes.

La otra parte de la respuesta es más incómoda: la supresión electoral funciona mejor cuando nadie la nombra como tal antes de que ocurra. Cuando ya ocurrió, el debate se traslada a si fue intencional, si hay pruebas, si se puede revertir. Para entonces, los votos ya no están.

Los estados más vulnerables no son necesariamente los más pobres ni los más pequeños. Son los que tienen mayor proporción de votantes jóvenes, votantes de color y votantes de primera generación —los que históricamente han sido blancos de supresión— y que simultáneamente dependen más de la asistencia federal para mantener su infraestructura electoral. Es decir: los estados que menos pueden permitirse un conflicto con la agencia federal que supuestamente los protege.

Lo que queda después de leer esto

El sistema electoral estadounidense tiene un diseño descentralizado que en teoría lo hace resistente a la captura federal. Cincuenta estados, miles de condados, millones de funcionarios locales. Esa descentralización es real. También es real que la dependencia financiera y técnica de muchos de esos condados respecto al gobierno federal ha crecido sostenidamente en los últimos veinte años. Y que una agencia con mandato de "seguridad" y liderazgo político puede hacer mucho daño sin jamás violar la letra de una sola ley.

Donna Curling firmó esa carta porque en su condado, en su estado, con los recursos que tiene, no puede garantizar que lo que administra sobrevivirá intacto a una intervención que todavía no tiene nombre oficial. Eso es lo que dijo, con otras palabras, en un documento que el Congreso recibió y no respondió.

Las elecciones de 2026 están a menos de dieciocho meses. La maquinaria que debería protegerlas ya tiene nuevo personal, nuevas prioridades y un historial de dieciséis meses que no permite el beneficio de la duda.

La pregunta no es si esto puede ocurrir. La pregunta es qué nombre le pondremos cuando ocurra, y si para entonces todavía habrá alguien con autoridad para responderla.

Por Carmen Delgado