Cuando el poder ya no necesita disimular que es poder

En una pizzería de cualquier ciudad mediana de Estados Unidos, alguien está limpiando mesas a las once de la noche. No sabe —ni tiene por qué saber— que la cadena para la que trabaja acaba de venderse por 2,700 millones de dólares. No sabe quién compró, quién vendió, qué fondo de inversión mueve los hilos. Sabe que el turno termina a medianoche y que mañana hay que volver.

Esa distancia entre quien trabaja y quien decide es tan vieja que casi ya no sorprende. Pero a veces la semana condensa noticias que, vistas juntas, revelan algo que por separado sería difícil de nombrar: estamos en un momento en que las instituciones del poder ya no sienten la necesidad de cubrirse.

Pizza Hut no es solo una cadena de comida rápida. Es un símbolo de la promesa de la clase media estadounidense del siglo XX: trabajo estable, franquicia asequible, un contrato social tácito donde el crecimiento económico llegaba, de alguna forma, a la mesa familiar. Su venta —a precio de liquidación, con deudas que duplican lo que se pagó por ella— es la autopsia de ese modelo. No hubo un colapso repentino. Hubo décadas de desinversión, de maximización de rendimientos para accionistas, de recortes en personal y calidad, de una lógica que extrae valor hasta que el cascarón ya no sirve. El trabajador que limpia mesas a medianoche no perdió su empleo hoy: lo fue perdiendo hace veinte años, en cada decisión corporativa que nunca se anunció en las noticias.

Al mismo tiempo, SpaceX supera a Amazon en valoración de mercado y Elon Musk consolida una posición que ya no es solo empresarial. Es política. Es estructural. Un hombre que controla la infraestructura satelital de comunicaciones globales, que tiene contratos masivos con el gobierno federal y que simultáneamente ocupa un cargo de facto en la administración Trump —sin elección, sin confirmación, sin rendición de cuentas— representa algo que los manuales de ciencia política todavía no han encontrado cómo clasificar bien. No es un lobista. No es un funcionario. Es algo más parecido a lo que el sociólogo C. Wright Mills llamó en los años cincuenta la élite del poder: ese entramado donde las cimas del mundo corporativo, militar y político se vuelven indistinguibles.

Lo nuevo no es que ese entramado exista. Lo nuevo es que ya no se disimula.

Funcionarios electorales de varios estados llevan semanas advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional podría interferir en las elecciones de 2026. No es una acusación de partidos de oposición: son los propios administradores del sistema electoral, personas cuyo trabajo ha sido, históricamente, garantizar que los comicios funcionen sin importar quién gane. Su alarma es técnica antes de ser política: hablan de acceso a bases de datos de votantes, de presión sobre registros, de mecanismos que podrían introducir ruido o parálisis justo cuando más se necesita claridad.

Y mientras eso ocurre, el FBI desclasifica documentos sobre un plan de ataque a la Casa Blanca —francotiradores, drones, un grupo organizado— que recuerda que la violencia política no es una metáfora ni una exageración retórica. Es un riesgo real, con logística, con actores concretos.

Se negocia con Irán. Se amenaza a migrantes haitianos cuyo caso llega a la Suprema Corte sin que la administración haya presentado los papeles que, según la ley, debería haber presentado. Trump actuó sin papeles, dicen sus propios abogados, pidiendo que el caso se desestime. El argumento es, en términos llanos, que no debería haber consecuencias por actuar sin respaldo legal si después se pide que se archive lo que demostró esa ilegalidad.

Eso no es una postura jurídica marginal. Es una doctrina. Y como toda doctrina, si se repite suficientes veces y nadie la detiene, se convierte en costumbre. Y la costumbre, en el derecho, es una fuente de norma.

Hay algo que mucha gente siente en este momento y que cuesta nombrar con precisión. No es solo miedo —aunque hay miedo. No es solo indignación —aunque hay indignación. Es algo más parecido al vértigo que produce ver que las reglas del juego se están reescribiendo en tiempo real, y que quienes deberían arbitrar ese proceso son los mismos que se benefician de reescribirlas.

El sociólogo alemán Max Weber definió al Estado por el monopolio legítimo de la violencia. La palabra clave ahí no es violencia —es legítimo. La legitimidad no viene del poder en sí, sino del consenso de que ese poder tiene límites, procedimientos, contrapesos. Cuando los propios operadores del sistema empiezan a actuar como si los límites fueran opcionales —como si presentar los papeles fuera un formalismo, como si las elecciones pudieran ajustarse desde adentro, como si las fortunas privadas pudieran co-gobernar sin pasar por ningún filtro democrático— lo que se erosiona no es una ley particular. Es la confianza en que el sistema puede corregirse a sí mismo.

Y esa confianza, una vez que se fractura, no se restaura con un discurso ni con una sentencia. Se restaura —si se restaura— con mucho tiempo y con dolor.

La persona que limpia mesas en esa pizzería a las once de la noche no está pensando en Weber ni en la Suprema Corte. Está pensando en el camión que tiene que tomar, en si el casero subió la renta, en si los papeles van a estar bien el próximo mes. Eso no la hace menos política que cualquier analista —la hace más. Porque lo político, en su forma más honesta, es exactamente eso: la gestión de las condiciones materiales de la vida.

Lo que la semana revela, cuando se lee en conjunto, es que hay una acumulación. No de eventos aislados, sino de decisiones que apuntan en la misma dirección: hacia un modelo donde el poder se ejerce con menos intermediaciones, menos controles, menos necesidad de justificarse ante nadie.

El Imperio Romano tardío también tuvo funcionarios que advirtieron. También hubo documentos desclasificados, por así decirlo. También hubo gente limpiando mesas.

La pregunta que queda en el aire —sin respuesta fácil, sin consigna que la cierre— es cuánta erosión puede absorber una institución antes de que lo que quede ya no sea reconocible como lo que era.

Por Roberto Medina