De las celdas del corredor de la muerte a las comunidades sin justicia: hay una línea que une el abandono con la política

Guadalupe lleva once años mandando cartas a una dirección en Texas. Su hijo, Miguel, entró a Estados Unidos a los diecinueve años buscando trabajo, como lo hacen cientos de miles cada año. Hoy tiene cuarenta y dos, y lleva casi dos décadas en el corredor de la muerte de una prisión de ese estado. Guadalupe no habla inglés. No entiende el sistema legal estadounidense. Nunca ha podido pagar un abogado especializado. Las cartas que recibe de vuelta están en un idioma que tiene que pedir a su vecina que le traduzca, párrafo por párrafo, sentada en la misma mesa donde desayunaban cuando él era niño.

Miguel es uno de los 44 mexicanos que hoy esperan ejecución en cárceles de Estados Unidos. Cuarenta y cuatro. No es una cifra abstracta: es una lista de nombres con familias en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas. Hombres —porque son casi todos hombres— que enfrentaron procesos judiciales sin intérpretes adecuados, sin defensa consular efectiva, sin los recursos que la Convención de Viena les garantizaba y que nadie les proveyó. La edición de hoy abre con esa historia porque es imposible hablar del resto sin nombrar primero lo que significa que un Estado abandone a sus ciudadanos en el momento más extremo.

Y sin embargo, el abandono no ocurre solo en el corredor de la muerte.

Ocurre cuando mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual denuncian ante el Ministerio Público y los expedientes desaparecen. Ocurre cuando comunidades enteras en Bolivia tienen que construir sus propias herramientas digitales para vigilar la depredación de sus tierras porque el Estado no lo hace, o peor, porque el Estado es parte de quienes las depredan. Ocurre en Perú, donde el Congreso avanza en eliminar el delito de feminicidio —el reconocimiento jurídico de que hay mujeres que mueren por ser mujeres— como si nombrarlo fuera el problema y no la violencia que nombra.

Lo que esta edición documenta, desde ángulos distintos y geografías distintas, es un patrón. No una coincidencia.

El patrón es este: hay cuerpos que los Estados de la región han decidido, sistemáticamente, no ver. Los cuerpos de los migrantes mexicanos en el corredor de la muerte. Los cuerpos de las mujeres indígenas que denuncian y no son escuchadas. Los cuerpos de las infancias trans a quienes el Estado de Puebla negaba durante años el derecho a existir jurídicamente hasta que la Suprema Corte tuvo que ordenar lo que debió ser una política pública desde el principio. Los cuerpos de las comunidades cuyos territorios se ceden a la minería, al agronegocios, a los intereses que sí tienen nombre y apellido en los registros del poder.

Semilla News no cree en el azar institucional. Las omisiones del Estado no son descuidos: son decisiones. Decidir no asignar recursos a la defensa consular de mexicanos en el extranjero es una decisión. Decidir no investigar las denuncias de mujeres indígenas es una decisión. Decidir que el feminicidio no merece un tipo penal específico es una decisión. Detrás de cada una de esas decisiones hay una jerarquía de quién importa y quién no, quién merece protección y quién queda expuesto.

Esa jerarquía tiene historia. Tiene estructura. Y tiene nombre: es la desigualdad organizada como política pública.

Sería deshonesto de nuestra parte no reconocer la complejidad. El caso de los mexicanos en el corredor de la muerte no es simple: hay víctimas de los delitos que se les imputan, familias que también cargan un dolor legítimo. La defensa del debido proceso no es la defensa de la impunidad. Es la defensa de la certeza de que cuando un Estado ejecuta a alguien, lo hace con todas las garantías que la dignidad humana exige, y que esas garantías no dependan del idioma que habla el acusado ni del dinero que tiene su familia. Hoy, en Estados Unidos, esas garantías no son universales. Y México tiene la obligación diplomática y moral de decirlo con claridad, no en comunicados tibios, sino con peso político real.

Lo mismo aplica para la CNTE y los 800 millones en disputa que documentamos hoy. El movimiento magisterial tiene razones históricas para desconfiar del Estado, y esas razones están escritas en décadas de reformas educativas diseñadas sin los maestros. Pero la legitimidad del movimiento no puede convertirse en razón para eludir la pregunta de cómo llegan esos recursos a los salones de clase en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Las dos cosas pueden ser ciertas: que la lucha es justa y que la rendición de cuentas es necesaria.

Lo que no admite ambigüedad es esto: cuando el Estado decide no ver ciertos cuerpos, no lo hace de manera neutral. Lo hace siguiendo la misma lógica que ha organizado la desigualdad en esta región durante siglos. Los cuerpos que se vuelven invisibles son siempre los mismos: los más pobres, los más morenos, los que hablan lenguas que el Estado nunca aprendió a escuchar, los que cruzaron una frontera porque del otro lado no había nada.

Guadalupe sigue mandando cartas. Once años. En esta edición hay al menos cuarenta y tres familias más que hacen lo mismo, desde distintos estados de la república, con distintas caligrafías, hacia distintas prisiones.

La pregunta que esta edición deja abierta no es si el Estado puede ver esos cuerpos. Es si ha decidido que le conviene no verlos. Y si esa es la respuesta, entonces la siguiente pregunta es para nosotros: ¿cuánto tiempo más vamos a aceptar que esa sea la política?

Por Isabel Vega