De Bolivia a Perú, de Puebla a un corredor de la muerte en Texas, hay una lógica común: ciertos cuerpos importan menos. Nombrarla es el primer acto de resistencia.

En algún juzgado de provincia, una mujer indígena espera. Lleva meses esperando. Tiene el expediente en la mano, tiene los testigos, tiene las marcas. Lo que no tiene es a alguien del otro lado del escritorio que la mire como si su caso importara. No como estadística de violencia de género. No como expediente número tantos del año. Como persona. Como alguien cuya vida, rota, merece ser recompuesta por la institucionalidad que ella misma, con sus impuestos y su trabajo y su silencio obediente, ayudó a sostener.

Esa escena —que no es una escena inventada, sino el resumen de miles de testimonios reales en México, en Perú, en Bolivia, en cualquier país donde la justicia tiene acento de clase y de raza— es el hilo que conecta las noticias de esta semana. Porque cuando uno las lee juntas, deja de ver sucesos dispersos y empieza a ver un patrón. Y los patrones, en sociología, no son accidentes.

El mapa de los cuerpos prescindibles

Perú intenta eliminar el delito de feminicidio de su código penal. No lo llaman así, claro. Lo envuelven en lenguaje técnico, en argumentos de «homologación jurídica», como si el problema fuera la nomenclatura y no el hecho de que en ese país, como en tantos otros, matar a una mujer por ser mujer tiene una historia, una lógica y una impunidad propias que el derecho penal tardó décadas en nombrar correctamente. Borrar el nombre es borrar el reconocimiento. Y borrar el reconocimiento es, en la práctica, regresar a un tiempo en que esas muertes simplemente... pasaban.

Mientras tanto, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena al Congreso de Puebla —mi Puebla, la ciudad de los azulejos y los camiones llenos y las maquilas en los márgenes— que legisle sobre identidad de género para infancias trans. La noticia se lee como avance, y lo es. Pero también es un retrato de la resistencia: que haya sido necesario que la Corte intervenga dice todo sobre cuánto le cuesta a ciertos cuerpos obtener lo que la ley ya les garantiza en papel. La dignidad, para algunos, no viene sola. Hay que litigarla.

Y luego está el dato que más pesa, el que más debería incomodar a quienes piensan que la frontera es solo un problema migratorio: cuarenta y cuatro mexicanos esperan en corredores de la muerte de Estados Unidos. Cuarenta y cuatro. Con nombres, con familias, con historias que en su mayoría incluyen pobreza, migración forzada, acceso nulo a una defensa legal digna. No son monstruos que el sistema atrapó. Son, en su mayoría, personas que el sistema trituró dos veces: primero al expulsarlas, luego al condenarlas.

La gramática del abandono

Hay una gramática en todo esto. Una forma en que el Estado —no como entidad abstracta, sino como conjunto de decisiones humanas, presupuestos, prioridades y omisiones— articula quién merece protección y quién no.

Bolivia, en contraste, ofrece esta semana una imagen distinta: comunidades indígenas que reciben una herramienta digital para vigilar la depredación de sus propios territorios. Es un gesto pequeño en términos institucionales, pero enorme en términos simbólicos, porque invierte la lógica habitual: en lugar de que el Estado decida qué pasa en las tierras indígenas, son las propias comunidades las que observan, registran y denuncian. La tecnología al servicio de quienes históricamente han sido objetos de la decisión ajena, no sujetos de la propia.

Esa inversión es rara. Tan rara que se vuelve noticia.

Lo que no es raro —y por eso casi no se vuelve noticia— es lo contrario: que las decisiones sobre los cuerpos, las tierras, las identidades y las vidas de las personas más vulnerables las tomen otros. Funcionarios, empresas, congresos locales que no las representan, sistemas judiciales que no hablan su idioma. La CNTE pelea esta semana por ochocientos millones de pesos que el gobierno federal les adeuda. Detrás de esa cifra hay maestros rurales, escuelas sin techo, comunidades donde el único puente entre un niño y el mundo es un docente mal pagado que lleva décadas sosteniendo lo que el presupuesto no alcanza a cubrir. El dinero importa. Pero lo que importa más es qué dice una sociedad sobre sí misma cuando decide en qué gasta y en qué no.

Lo que la gente siente y no sabe cómo nombrar

Hay una experiencia que millones de personas en América Latina conocen de primera mano y que rara vez aparece en los diagnósticos institucionales: la sensación de que el Estado existe para otros. No para ti. Para alguien que habla diferente, que vive en otro lado, que tiene otro tipo de problemas. Que cuando tú llegas con tu expediente o tu denuncia o tu petición, lo que encuentras no es hostilidad abierta —eso sería más fácil de nombrar— sino una especie de indiferencia burocrática que te hace sentir que interrumpiste algo, que tu presencia es un inconveniente.

El sociólogo alemán Axel Honneth llamó a esto «falta de reconocimiento»: la negación de la existencia plena del otro como sujeto de derechos. No es solo discriminación. Es algo más profundo: es la negación de que tu sufrimiento cuenta, de que tu historia merece ser escuchada, de que tu vida tiene un valor que el sistema está obligado a proteger.

Las noticias de esta semana, leídas juntas, son un catálogo de esa falta de reconocimiento. La mujer indígena cuya denuncia duerme en un cajón. El niño trans que necesita que la Corte le diga al Congreso que existe. El migrante que llegó a Estados Unidos huyendo de algo y terminó en una celda esperando una inyección. La maestra que sostiene una escuela con su propio salario mientras el presupuesto se renegocia en una oficina de la ciudad.

El cierre que no cierra

Ninguna de estas historias termina bien esta semana. Algunas tienen un movimiento: Bolivia avanza, la CNTE no se rinde, la Corte obliga a Puebla. Pero los avances son lentos y los retrocesos, como el de Perú, pueden ser brutalmente rápidos. Lo que tarda décadas en construirse puede deshacerse en una sesión legislativa.

Quizás lo más honesto que puede hacer el periodismo con todo esto no es ofrecer soluciones —las soluciones las tienen que construir quienes viven estos problemas, no quienes los observamos— sino hacer lo que la burocracia se niega a hacer: mirar. Nombrar. Decir que cuarenta y cuatro personas tienen nombre y que cada uno de esos nombres es una historia que merece más que un número en una lista.

Hay una pregunta que recorre todas estas noticias, silenciosa, insistente: ¿qué tipo de sociedad decide, todos los días, a quién le reconoce el derecho de existir plenamente?

La respuesta no está en ningún comunicado oficial. Está en lo que hace con su presupuesto, con sus leyes, con sus cajones llenos de expedientes sin resolver.

Por Roberto Medina