Abogados denuncian que la administración no dejó registro de cómo decidió terminar protección temporal. La Corte carece de documentos clave.

En una maniobra legal que expone los vacíos en los registros administrativos de la Casa Blanca, abogados que representan a inmigrantes haitianos solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos desestimar un caso por falta de documentación completa. Su argumento es directo: nadie puede juzgar una decisión si no existe un registro de cómo se tomó.

Según NPR Politics, los abogados argumentan que la corte no cuenta con un registro completo sobre cómo la administración Trump decidió terminar el estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos en Estados Unidos.

El TPS es un mecanismo legal que permite que personas de países en crisis —por desastres naturales, conflictos armados o condiciones humanitarias extremas— permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos durante períodos específicos. Haití ha sido beneficiario de este programa desde 2010, después del terremoto que devastó el país. Decenas de miles de haitianos construyeron sus vidas bajo este estatus: consiguieron empleos, compraron casas, tuvieron hijos ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump decidió terminar esa protección. Pero aquí está el problema: los registros de cómo se llegó a esa decisión, quién la recomendó, qué análisis la fundamentó, están incompletos o no existen.

Esta no es una trivialidad procesal. En el derecho administrativo estadounidense, las decisiones del gobierno deben estar justificadas. Un funcionario no puede simplemente decir "decidimos esto". Tiene que haber un expediente administrativo —memorándums, reuniones, análisis de impacto— que muestre el razonamiento detrás de la orden.

Lo que los abogados están señalando es que el gobierno no cumplió ni siquiera con eso. No hay registro claro. Y si no hay registro, ¿cómo puede la Corte Suprema revisar si la decisión fue legal, si fue arbitraria, si fue tomada por razones discriminatorias?

Esta táctica legal —pedir desestimar por registros incompletos— es poco común pero tiene sentido. Si el gobierno no documentó su decisión, eso sugiere que quizá no había justificación sólida para tomarla. O que la justificación real era tan problemática que prefirieron no dejarla por escrito.

La historia de Haití en Estados Unidos es la historia de gente que siempre ha tenido que luchar por el derecho a quedarse. En los años ochenta, cuando miles de haitianos llegaban en botes huyendo de la dictadura de Duvalier, fueron interceptados en el mar. No se les permitió solicitar asilo como a otros refugiados. Fueron etiquetados como "ilegales". Décadas después, el TPS les dio una oportunidad: legalidad temporal, posibilidad de trabajar, de contribuir.

Ahora, con la administración Trump, esa protección desaparece. Y según los abogados, sin que exista un proceso transparente que lo justifique.

Esto tiene consecuencias reales para cientos de miles de personas. Haitianos que llevan una década o más viviendo y trabajando aquí enfrentan la perspectiva de la deportación. Algunos tienen empleadores que los necesitan, tiene historiales de empleo limpio. Otros tienen familias estadounidenses. Pero la decisión de terminar el TPS los coloca en limbo legal.

La Corte Suprema tendrá que decidir si acepta el argumento de los abogados. Si lo hace, significa que reconoce que el gobierno no documentó adecuadamente su decisión. Eso podría ser base para anular la terminación del TPS o, al menos, para ordenar que el proceso se repita con los registros completos.

Pero también refleja algo más amplio: la forma en que las administraciones pueden tomar decisiones administrativas sin rendir cuentas. Si los registros desaparecen, si no hay expediente, ¿quién puede cuestionarlo?

Los haitianos en esta corte no son abstractos. Son electricistas, enfermeros, trabajadores de construcción, madres de familia. Son gente que llegó a este país buscando lo que todos buscamos: seguridad, la posibilidad de trabajar, de construir una vida. Y ahora están pidiendo algo tan básico como esto: que el gobierno explique por escrito por qué decidió quitarles eso.

La Corte Suprema decidirá si esa explicación debe existir.

Por Fernando Lopez